"CASO PALAU". "LA FISCALIA INTERPONE UNA NUEVA QUERELLA, CONTRA MILLET Y MONTULL". "CASTELLS SE ENCUENTRA TAMBIÉN EN EL "TOMATE"
"La Fiscalía interpone una nueva
querella, contra Millet y Montull".
"Castells firmó un convenio, con la Fundació sin un informe jurídico previo, según el fiscal".
"EUROPA PRESS. 09.06.2010."La Fiscalía de Urbanismo, ha presentado una nueva querella contra Fèlix Millet y Jordi Montull, por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida, en relación con la operación urbanística para construir el Hotel Palau que finalmente se paralizó, y no descarta nuevas imputaciones o que aparezcan evidencias de nuevos delitos".
"Según el escrito de la Fiscalía, presentado este miércoles en el Juzgado de Guardia de Barcelona, Millet y Montull hicieron valer "de manera especial e intensa, la posición que sus cargos les otorgaban", así como su posición dentro de la sociedad civil y política catalana, para llegar a los altos responsables del Gobierno, y conseguir la permuta de la calificación entre dos terrenos, necesaria para construir el hotel".
"La operación se remite a finales de 2003, cuando Millet y Montull firmaron una escritura con el Institut de Germans de les Escoles Cristianes, por la que la Fundación recibía la propiedad de las fincas adyacentes al Palau, a cambio de realizar obras de restauración en la escuela La Salle Comtal de Barcelona".
"Las fincas del instituto religioso, tenían una calificación urbanística que no permitía llevar a cabo el proyecto hotelero, ya que, según el Plan General Metropolitano, eran equipamiento educativo, por lo que era necesaria una recalificación".
"Según la querella, contactaron con Antoni Castells que, como consejero de Economía, firmó en marzo de 2006, un convenio administrativo entre la consejería y la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música, en el que se aceptaba una permuta de calificaciones, a través de la que los terrenos anexos al Palau, adquirían la condición de uso residencial, mientras que una finca propiedad de la Generalitat situada en las calles Ciutat-Ferran, pasaba a calificación de equipamiento".
"En dicho convenio se establecía, que la Generalitat debería ser compensada, además, por la pérdida de valor que sufriría, su patrimonio a causa de la futura modificación".
"Según la Fiscalía, antes de la firma del convenio no se realizó el informe jurídico previo, y preceptivo por la Asesoría Jurídica de la consejería para valorar la utilidad de la operación de transferencia de calificaciones".
"Tampoco consta que se realizara algún informe técnico, de la consejería en el que se hiciera referencia a la valoración de la posible pérdida patrimonial, que implicaba la permuta".
"Además, dejaba a cargo de la entidad, el establecer la cuantificación de la compensación que recibiría la Generalitat por la permuta".
"El convenio no era suficiente, para conseguir el objetivo de Millet y Montull y así "obtener el beneficio económico que buscaban los querellantes".
"Por eso según el fiscal, Millet y Montull buscaron entonces un convenio, a tres bandas, firmado en octubre de 2006 entre el consejero Castells, el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, y Millet para modificar el Plan General Metropolitano, y así hacer efectiva la recalificación".
"3,6 MILLONES PARA MILLET Y MONTULL".
"En julio de 2007, Millet y Montull transfirieron los derechos y obligaciones de los terrenos a la empresa Olivia Hotels, y se cuantificó en 3,6 millones de euros la compensación económica que recibiría el Palau, como titular del suelo".
"También se cuantificó en 5,6 millones de euros, la compensación que, según el convenio firmado con la consejería de Economía, debería percibir la Generalitat".
"Según la querella, la modificación, que incluía la demolición de unos edificios protegidos, fue aprobada inicialmente, por el Ayuntamiento "en los términos que a los querellantes les interesaba", aunque las expectativas se vieron finalmente "rebajadas", respecto a la propuesta inicial a causa de la fuerte presión vecinal, y el informe negativo de la Comisión Territorial de Cultura".
"En el escrito se hace constar, que la Generalitat no ha sido indemnizada por la pérdida de su valor patrimonial de la permuta, y no ha recibido en ningún momento ningún aval a su favor para garantizar el pago".
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