"UNA EMPRESA PÚBLICA, GESTIONÓ LOS SALDOS
"DE EDIFICIOS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL".
"EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, DESTACA QUE LA "SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA "SEGIPSA", ACTUÓ EN LAS "ENAGENACIONES" MÁS IRREGULARES".
"La empresa pública, "Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A". "Segipsa". actuó en la mayor parte de los casos, de enajenación de edificios de la Seguridad Social, "S.S." a muy bajo precio, los que acumulan los mayores reproches y acusaciones, de irregularidades, en el informe de fiscalización sobre la Tesorería de la S.S. ,que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, y que ayer publicaba este periódico".
"Si en los viajes del Imserso, son cuatro las empresas privadas la que tradicionalmente se quedan con todos los contratos, en el caso de la Seguridad Social, cuyo secretario de Estado es Octavio Granado, es la citada sociedad, pública pero privada, la que desde 2004, se suele ocupar de la venta de pisos, locales, oficinas y edificios públicos en general, en el Ministerio de Trabajo y en otros ámbitos de la Administración".
"¿PARA QUE QUEREMOS A "ALI BABÁ", SI AQUI SOMOS CAMPEONES?".
"El máximo órgano fiscalizador del Estado, anota en su informe sobre el ejercicio de 2005, primero de la vuelta del PSOE al poder, con Jesús Caldera al frente de la cartera de Trabajo, que Segipsa recibió la encomienda de la Tesorería, para liquidar bienes sin cumplir el requisito de hacerlo público, en el Boletín Oficial del Estado, si bien también reconoce que al no ser Segipsa una entidad de derecho público, sino una "sociedad estatal mercantil", podía admitir la omisión".
"El caso de las enajenaciones a bajo coste, por el que se ha interesado el Ministerio Fiscal, y solicitado testimonio al ver posibles indicios de responsabilidad penal, afecta a "cuarenta y seis fincas registrales realizadas por subasta y a 371 viviendas y locales·".
"El Tribunal de Cuentas destaca la venta a sus arrendatarios de "la totalidad de las viviendas y locales de edificios situados en las calles Ayala, Valenzuela y Cea Bermúdez, de Madrid, así como otros ubicados en Barcelona y Zaragoza". Los nueve contratos analizados en esas operaciones sumaban 9,7 millones. El informe de fiscalización, denuncia que la Tesorería de la Seguridad Social, no cumplió requisitos obligados en las enajenaciones de esos inmuebles".
"El órgano fiscalizador, resalta que el valor de tasación, en principio fijado con cálculos sobre el valor de rentas esperadas y valor de reversión, fue cambiado luego, "por razones de equidad insuficientemente fundamentadas", para homogeneizar los precios. "El informe de tasación no explicita las circunstancias personales, excepto la renta, que resultaban aplicables a cada arrendatario", añade el informe".
"El tribunal reconoce que, se cumplió la exigencia de que los precios pagados fueran superiores, a los valores de tasación, pero considera inexplicable que la venta de viviendas, y locales de la calle Ayala de Madrid, se hicieran al final por debajo del 40 por ciento, del precio de mercado mientras que en el caso del edificio de la calle Valenzuela, se quedaron en el 29 por ciento".
"El informe de fiscalización, denuncia que la Tesorería de la Seguridad Social, no cumplió requisitos obligados en las enajenaciones de esos inmuebles: no hubo consulta a las entidades gestoras, de la propia Seguridad Social, no hubo informe previo de la asesoría jurídica, ni tampoco autorización ministerial previa, para la enajenación".
"FIANZA A LA BAJA".
"Como remate, del cúmulo de aparatosas irregularidades cometidas, el tribunal cita que las operaciones requerían, una fianza previa de un 25 por ciento del total de la venta, y Segipsa sólo pidió a los compradores un 10 por ciento del precio ofertado".
"DE EDIFICIOS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL".
"EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, DESTACA QUE LA "SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA "SEGIPSA", ACTUÓ EN LAS "ENAGENACIONES" MÁS IRREGULARES".
"La empresa pública, "Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A". "Segipsa". actuó en la mayor parte de los casos, de enajenación de edificios de la Seguridad Social, "S.S." a muy bajo precio, los que acumulan los mayores reproches y acusaciones, de irregularidades, en el informe de fiscalización sobre la Tesorería de la S.S. ,que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, y que ayer publicaba este periódico".
"Si en los viajes del Imserso, son cuatro las empresas privadas la que tradicionalmente se quedan con todos los contratos, en el caso de la Seguridad Social, cuyo secretario de Estado es Octavio Granado, es la citada sociedad, pública pero privada, la que desde 2004, se suele ocupar de la venta de pisos, locales, oficinas y edificios públicos en general, en el Ministerio de Trabajo y en otros ámbitos de la Administración".
"¿PARA QUE QUEREMOS A "ALI BABÁ", SI AQUI SOMOS CAMPEONES?".
"El máximo órgano fiscalizador del Estado, anota en su informe sobre el ejercicio de 2005, primero de la vuelta del PSOE al poder, con Jesús Caldera al frente de la cartera de Trabajo, que Segipsa recibió la encomienda de la Tesorería, para liquidar bienes sin cumplir el requisito de hacerlo público, en el Boletín Oficial del Estado, si bien también reconoce que al no ser Segipsa una entidad de derecho público, sino una "sociedad estatal mercantil", podía admitir la omisión".
"El caso de las enajenaciones a bajo coste, por el que se ha interesado el Ministerio Fiscal, y solicitado testimonio al ver posibles indicios de responsabilidad penal, afecta a "cuarenta y seis fincas registrales realizadas por subasta y a 371 viviendas y locales·".
"El Tribunal de Cuentas destaca la venta a sus arrendatarios de "la totalidad de las viviendas y locales de edificios situados en las calles Ayala, Valenzuela y Cea Bermúdez, de Madrid, así como otros ubicados en Barcelona y Zaragoza". Los nueve contratos analizados en esas operaciones sumaban 9,7 millones. El informe de fiscalización, denuncia que la Tesorería de la Seguridad Social, no cumplió requisitos obligados en las enajenaciones de esos inmuebles".
"El órgano fiscalizador, resalta que el valor de tasación, en principio fijado con cálculos sobre el valor de rentas esperadas y valor de reversión, fue cambiado luego, "por razones de equidad insuficientemente fundamentadas", para homogeneizar los precios. "El informe de tasación no explicita las circunstancias personales, excepto la renta, que resultaban aplicables a cada arrendatario", añade el informe".
"El tribunal reconoce que, se cumplió la exigencia de que los precios pagados fueran superiores, a los valores de tasación, pero considera inexplicable que la venta de viviendas, y locales de la calle Ayala de Madrid, se hicieran al final por debajo del 40 por ciento, del precio de mercado mientras que en el caso del edificio de la calle Valenzuela, se quedaron en el 29 por ciento".
"El informe de fiscalización, denuncia que la Tesorería de la Seguridad Social, no cumplió requisitos obligados en las enajenaciones de esos inmuebles: no hubo consulta a las entidades gestoras, de la propia Seguridad Social, no hubo informe previo de la asesoría jurídica, ni tampoco autorización ministerial previa, para la enajenación".
"FIANZA A LA BAJA".
"Como remate, del cúmulo de aparatosas irregularidades cometidas, el tribunal cita que las operaciones requerían, una fianza previa de un 25 por ciento del total de la venta, y Segipsa sólo pidió a los compradores un 10 por ciento del precio ofertado".
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