"La juez Alaya, impone una fianza civil de 26 millones de euros, al "tándem" de empresarios de la Sierra Norte".
"EUROPA PRESS.02.052014."La juez que investiga el caso de los
expedientes de regulación de empleo "ERE" irregulares, ha impuesto una
fianza de responsabilidad civil de 26.032.600,68 euros al "tándem" de
empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, formado por José María Sayago y
José Enrique Rosendo, que deberán hacer frente a dicha cantidad de
manera solidaria".
"En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes
Alaya prohíbe además a ambos imputados, "con carácter
provisionalísimo", que realicen "cualquier acto de comercio, incluida la
disposición de cualquier activo financiero o efectivo, bien como
administradores de cualquier tipo de sociedad, bien como miembros de
cualquier órgano colegiado o de dirección de sociedad".
"Y ello, "a fin de garantizar que los inculpados, puedan colocarse
en situación de insolvencia, además de ocultar las sociedades y
patrimonios actuales, hasta que pueda arbitrarse una medida de mayor
calado tendente, a garantizar el pago de las responsabilidades
pecuniarias fijadas, como pudiera ser la administración judicial de las
sociedades de las que fueran titulares".
"En este sentido, la instructora libra un oficio "urgente" a la
Unidad Central Operativa "UCO", de la Guardia Civil para que, "a fecha
actual, informen de todas las sociedades, a las que pertenezcan los
imputados, bien directa o indirectamente a través de sus órganos
societarios",
"Ambos imputados comparecieron ante la juez, el pasado martes y se
acogieron a su derecho a no declarar después de que Alaya les imputara
tres delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias,
pues considera que les habrían sido concedidas ayudas ascendentes a 34
millones de euros".
"34 MILLONES EN AYUDAS".
"La Fiscalía Anticorrupción, solicitó para cada imputado una fianza
de responsabilidad civil de 25,7 millones de euros al entender, entre
otras cosas, que entre los años 2008 y 2012 habrían llevado a cabo "en
connivencia con otros operaciones societarias que pudieran ocultar o
dificultar las labores de investigación que se están realizando".
"El Ministerio Público, citó dentro de estas "operaciones
societarias" el levantamiento del cierre del Registro Mercantil, "en
muchas de las sociedades que resultaron agraciadas con fondos públicos",
así como "operaciones de cambio de denominación social, fusión por
absorción o constitución de nuevas sociedades".
¡
"A la hora de fijar la fianza, la juez Alaya tiene en cuenta que
las entidades vinculadas al entorno "liderado" por el "tándem",
obtuvieron de la Consejería de Empleo subvenciones excepcionales por
importe de más de 34 millones de euros, según el auto consultado por
Europa Press".
"Según Alaya, esta suma resulta "de las resoluciones emitidas" por
el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "que serían
utilizadas en diversas operaciones, como endosos o garantías de préstamos
ante entidades financieras", además de las resoluciones materializadas
en diferentes convenios de colaboración, los pagos realizados por
Estudios Jurídicos Villasís y los pagos realizados por IDEA "sin
respaldo de convenio o resolución".
"LA IMPUTACIÓN".
"Al hilo, señala que las entidades del entorno societario del
"tándem", habrían recibido "directamente" de los fondos públicos 16,9
millones, agregando que, en virtud del uso no solo de los fondos
efectivamente abonados, sino de las resoluciones de concesión dictadas
por Guerrero, "obtendrían otros beneficios pendientes de concretar y
cuantificar, mediante la amortización de préstamos, adquisición de
activos financieros, cesión o endoso de las resoluciones de ayuda como
garantía de operaciones bancarias, capitalización de las sociedades del
grupo e inversiones en empresas de comunicación".
"La juez también impone a los imputados, la obligación de comparecer
ante el Juzgado los días 7 y 21 de cada mes, y la prohibición de salir
de España, por lo que reclama a ambos la entrega del pasaporte".
"Alaya imputa a ambos empresarios, haber constituido "un numeroso
grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que
muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto
real la percepción de ayudas de la Junta y el trasvase de sus fondos a
otras sociedades".
"Mediante estas sociedades "interpuestas", los imputados habrían
posibilitado "que el grupo controlado por ambos, percibiera, en
connivencia con responsables de la Junta, fraccionadamente y de modo
coordinado, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las
cuantías de las ayudas, sobrepasar los límites competenciales de la
Consejería de Empleo, y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA".
"LAS AYUDAS NO SE DESTINARON A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO".
"La juez critica que, "a pesar de tratarse de ayudas del programa
31L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas, se
dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de estas empresas no
tenían trabajadores, y las empresas que los tenían recibieron ayudas muy
desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían
contratados".
"Por el contrario, añade la juez, los imputados habrían destinado
el dinero de las ayudas, a amortizaciones de préstamos, adquisición de
activos financieros, cesión o endoso de las resoluciones de ayudas como
garantía de operaciones bancarias, o a la capitalización de las
sociedades del grupo "para su venta a mayor precio", como ocurrió en el
caso de Matadero de Sierra Morena".
"Esta empresa, según la juez, recibió 2,7 millones de euros de IDEA,
y 1,2 millones de Feoga antes de ser vendida por casi diez millones a
Barbadillo".
"LA HIJA DE VIERA COBRÓ 48.189 EUROS DE UNA EMPRESA".
"La magistrada enumera las subvenciones recibidas por un total de
18 empresas, vinculadas al "tándem", entre ellas Marco de Estudios y
Proyección Siglo XXI, donde trabajó Sonia Viera, hija del exconsejero de
Empleo José Antonio Viera, "contratada desde abril de 2003 a mayo de
2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta
'responsable de comunicación del grupo'".
"Asimismo, Alaya indica que en esta empresa estuvo contratado Jesús
Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de
la Sierra Norte de Sevilla, que cobró 34.892,49 euros en ocho meses
como director de marketing".
