viernes, 21 de agosto de 2020

"CONOCIENDO GENTE EXTRAÑA".




"LAS IMPRUDENCIAS SE PAGAN".

.- Esas fuerzas tan extrañas.
De memorias tan lejanas.
Con las historias engañan...
¡Como el viento en mi ventana!

Soy mayor que mis hermanas.
Me casé en un tiempo extraño.
Las dos fueron violadas...
Con mentiras y con engaños.

Eso ocurrió hace tres años.
Las mujeres no se apañan.
Fueron juicios muy extraños...
Un Juez y un Fiscal araña.

Las verdades se acompañan.
Con su fuerza y poderío.
Que me muerden y me dañan...
Y me entra escalofríos.

Desde entonces no sonrío.
Mis hermanas están locas.
Las he visto por el río...
Que las besan y las tocan.

Son drogadictos de coca.
Son guapas y muy hermosas.
Mi hombre besa mi boca...
Soy divorciada y preciosa.

Esas fuerzas misteriosas.
De mentiras y de embustes.
Que en las cosas más hermosas...
Que tenga un glorioso ajuste.

Hoy espero que le guste.
Llevo una blusa encalada.
¿Espero que no se asuste?...
Hoy me siento enamorada.

Defenderá con su espada.
Mi honra y mis derechos.
Que no se interponga nada..
Ni enemigos al acecho.

Los ajustes están hechos.
Se rige con la balanza.
Sacando su fuerte pecho...
Se convirtió en mi esperanza.

Con indignas alabanzas.
Con frecuencia se padecen.
Que las mujeres no avanzan...
Y que pasan y acontecen.

La vergüenza cuando crece.
Son signos redencionales.
Se pierde en varios meses...
Sólo quedan las maldades.

Esos maltratos verbales.
Esa indiferencia innata.
Dónde mentiras y verdades...
No se ajustan y nos matan.

Soy mujer y os doy la lata.
Tras seis años divorciada.
¡Los cerdos que os maltratan!...
Llevan la muerte anunciada.

Soy muy bella y divorciada.
Mi amado ya me echó un cable.
Cada noche soy amada...
Nuestra relación estable.

Esas figuras notables.
Que entorpece la inocencia.
Los Jueces mudos que hablen...
De maltratos e indecencias.

Autor: Jesús Gutiérrez Pascual.

"UN JUEZ ANULA LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LA CALLE Y EL CIERRE DE OCIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID".

.- El magistrado considera de «nula de pleno derecho» las restricciones por no estar en el marco de un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial de Salvador Illa a la que hace referencia.

Un hombre fumando por la calle, sin respetar las distancia de seguridad, ayer en Madrid

.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19. 

.- Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

.- Cabe destacar que el juez explicita que el error radica en que en el BOE «no ha aparecido la Orden Ministerial de Sanidad a la que se hace referencia en propia Orden de la Consejería de Sanidad, y sirve de presupuesto para las demás disposiciones autonómicas publicadas, como es el caso de la que ahora se solicita su ratificación». Es decir que la anulación de estas medidas ordenadas por la Comunidad de Madrid se produce porque la «Orden “comunicada” del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada». «La aplicación prevalente es disposición básica (no publicada) estatal impide la “convalidación” sobre las disposiciones autonómicas sí, en cambio, legalmente publicadas», matiza.

.- El auto, avanzado esta mañana por El País y confirmado por fuentes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a ABC, está siendo analizado en estos momentos por los expertos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, aún no ha hecho ningún tipo de valoración sobre la decisión judicial. «Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad», apunta la resolución a la que ha tenido acceso este diario.

.- El auto del magistrado Villagómez Cebrián es la respuesta al escrito presentado por el letrado de la Comunidad de Madrid en virtud del cual interesaba la ratificación de la Orden 1008/2020 de 18 de agosto de la Consejería de Sanidad. Un procedimiento necesario, en el que como se explica en el propio auto, «corresponderá a los Juzgados De lo Contencioso Administrativo la autorización o ratificación judicial de las Medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental».

.- «Desde las Comunidades Autónomas se están reclamado instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en marcha. Una declaración del estado de alarma habilitaría para hacer un uso intensivo de medidas jurídicas de limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas», añade en su argumentación. Y concluye: «Desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma». No obstante, el magistrado asegura ser «consciente» de las «dificultades ante las que nos encontramos, en las que han de conjugarse cuestiones sanitarias con económicas».

.- En este sentido, quedan sin efecto, de forma automática, las limitaciones impuestas por la Consejería de Sanidad sobre el «cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo»; la reducción del horario de cierre en hostelería, que será «a la 1:00h como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h»; o incluso la prohibición de comer en el Metro y en los autobuses interurbanos.

"Y LA TORTUGA LE GANÓ LA CARRERA A LA LIEBRE". "LA FISCALÍA VE INDICIOS DE DELITO EN LAS CUENTAS ELECTORALES DE PODEMOS".


El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Senado

.- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que solicita que se judicialicen las irregularidades detectadas en la contratación de servicios de consultoría por parte de Unidas Podemos en la campaña electoral de 2019 al apreciar «indicios de la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil» y de «un delito electoral».

.- El documento, al que ha tenido acceso «El Español», se refiere a 290.000 euros que Unidas Podemos empleó en servicios de la consultora Neurona Comunidad, la misma que está bajo la lupa de un juez de Madrid ante la denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente que la sitúa como una tapadera.

.- El Tribunal de Cuentas, durante su fiscalización de los gastos electorales de los partidos para la campaña del 28-A se topó con que la coalición había imputado a las arcas públicas servicios de Neurona Comunidad por importe de 363.000 euros que no estaban del todo justificados y requirió más información.

.- Según relata el escrito del fiscal difundido por «El Español», la respuesta que dio Unidas Podemos fue «un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019» cuando la factura correspondiente a ese contrato se había emitido un mes antes, «el 5 de abril de 2019».

.- Además, en ese contrato se recogían «los mismos conceptos» que constaban en la factura, sin la valoración individualizada de lo contratado que pedía el Tribunal de Cuentas. Y aunque aportó vídeos y cartelería que justificarían la contratación, para el fiscal «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor».

.- Además, y en línea con lo denunciado por el abogado purgado en Podemos, el fiscal destaca que esa sociedad, Neurona Comunidad, se había constituido en marzo de 2019 y su objeto social no coincide con las prestaciones contratadas por Unidas Podemos.

.- Tal y como informó ABC, en la actualidad no tiene administrador, porque el fundador, que constituyó la sociedad por encargo de dos socios mexicanos vinculados a la versión latinoamericana de esta consultora, Neurona Consulting, dimitió sin que se nombrase sucesor, en una situación atípica que contraviene además la Ley de Sociedades de Capital.

.- El fiscal del Tribunal de Cuentas recuerda que este organismo fiscalizador «carece de competencia para el conocimiento de tales infracciones» así que solicita que se envíe testimonio de las conclusiones del informe sobre los gastos de campaña al apreciar que hay indicios de delito.

.- En su informe sobre Unidas Podemos en la campaña del 28-A, el Tribunal de Cuentas señaló «gastos por operaciones ordinarias por importe total de 290.727,41 euros cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral» y que por tanto, no fueron admitidos como susceptibles de ser sufragados con subvenciones públicas.

.- La formación alegó que no era un trabajo de consultoría porque el objetivo era «la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral», pero fue desestimado porque, como explicaba el Tribunal de Cuentas y recoge ahora el fiscal, «la elaboración de las líneas estratégicas de precampañas y campaña» se consideran «trabajos de naturaleza preparatoria» que no cubre la ley electoral.