"FRANCISCO GRANADOS TIRA DE LA MANTA IMPLICANDO A ESPERANZA AGUIRRE Y CRISTINA CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO".


"El principal acusado del caso Púnica realiza una confesión muy medida tras más de tres años después de su detención".Imagen relacionada

.- Francisco Granados ha tirado de la manta, pero no tanto como para quedarse él mismo descubierto. El ex secretario general del PP madrileño y principal imputado del caso Púnica ha reconocido este lunes la financiación ilegal del partido, y, por primera vez, ha implicado en ella a la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas las causas de corrupción que cercan a la formación conservadora. Granados apuntó básicamente contra la antigua cúpula del PP, encarnada en Aguirre y en su antigua mano derecha, el expresidente madrileño Ignacio González.



.- También ha reservado un dardo contra la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Según ha manifestado, Cifuentes estuvo en “el núcleo de poder” que manejó la “campaña paralela” de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 por una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, afirman fuentes presentes en la declaración. En esas dos campañas el partido en Madrid manejó fondos opacos por valor de cinco millones de euros, según la investigación. “Me da igual lo que diga este señor, es un delincuente”, ha respondido este lunes la aludida Cristina Cifuentes.

.- Según el testimonio de Granados, en la empresa pública de suelo Arpegio, eje de las prácticas corruptas, colocó como consejero delegado a Eduardo Larraz, por indicación de Aguirre. Larraz está imputado por supuestamente cobrar comisiones de constructores por adjudicaciones de grandes parcelas de suelo en diferentes municipios para vivienda protegida y por las obras del llamado Plan Prisma. En casa de este directivo la Guardia Civil encontró 146 lingotes de oro. Granados ha afirmado también que en Plan Prisma, Aguirre exigió que los fondos dejaran de entregarse a los ayuntamientos y que los trabajos los ejecutara directamente la Comunidad de Madrid para poder obtener rédito político por ellos, apuntan fuentes presentes en el interrogatorio.

.- En momento de la declaración, Granados ha contado ante el juez la existencia de una supuesta "relación" de tipo "sentimental" entre Ignacio González y su sucesora y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, según varias fuentes presentes en el interrogatorio. Esta es la causa por la que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid tenía conocimiento de dicha caja b con la que, según Granados, se pagó una campaña “paralela” en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011. Granados ha asegurado que en aquellos comicios él se centró en los gastos de la campaña A, y que de la pagada con dinero negro estaba bajo el control absoluto de Ignacio González.

.- Hasta que mantuvieron esta supuesta relación sentimental, Cifuentes se mantuvo en “el núcleo de control” y en “la estructura de poder” de dicha campaña paralela. En este núcleo también a situado a Isabel Gallego -exdirectora de Comunicación de Aguirre y ya imputada en la causa-, Jaime González Taboada -ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP por designación autonómica- y el exconsejero Borja Sarasola.

.- El exconsejero ha asegurado que los fondos de dicha caja B provenían principalmente de falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad de Madrid y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). En esta trama jugaba un papel clave la sociedad Swap, que ya había salido en la investigación del caso Púnica. Granados –que no ha aportado documentación durante su comparecencia- ha desvinculado de estas irregularidades a la dirección nacional del partido y al exgerente regional, Beltrán Gutiérrez.

.- Así, ha afirmado que el que fuera tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta nunca le pidió que amañara ningún contrato, en contra de lo que aseguró Ignacio González. Según Granados, él sólo recibió una llamada de Lapuerta en todo el tiempo que estuvo al frente de la secretaría general del PP de Madrid y fue para pedirle que indagara sobre el patrimonio de Ignacio González.

.- El cabecilla de la trama fue detenido en octubre de 2014 y salió de prisión el pasado junio bajo fianza de 400.000 euros. A finales de enero solicitó al juez instructor, Manuel García-Castellón, comparecer para una nueva declaración, la tercera desde su arresto. En su anterior comparecencia, en diciembre de 2016, también a petición propia, sus intentos de exculparse a toda costa pese a los indicios contra él en el sumario, exasperaron al juez Eloy Velasco. Este lunes, Granados venía dispuesto a “contar todo” lo que sea útil para la investigación. Eso sí, sin complicar más su ya difícil situación.

.- El ex número dos del partido y antiguo consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid está directamente implicado en al menos siete de las 16 piezas de que consta el macrosumario Púnica. Este lunes, su abogado, Javier Vasallo, le planteó una batería de 212 preguntas. Parte de ellas iban encaminadas a desacreditar una de las mayores pruebas contra él: la libreta Moleskine en la que supuestamente apuntó movimientos de la caja b del PP, con entradas y salidas de fondos bajo los epígrafes in y out. En ella quedó reflejado, entre otras anotaciones, cómo Granados se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.

.- Granados dedicó buena parte de su declaración a desacreditar a su antiguo amigo el empresario David Marjaliza, otro de los cabecillas de la trama corrupta y que desde abril de 2015 colabora con la investigación. Marjaliza, que empezó a labrar su fortuna en Valdemoro "Madrid", municipio en el que Granados era alcalde, fue el que puso nombre y apellidos a las iniciales anotadas en la Moleskine por el expolítico. Más recientemente, ha aportado al juez documentos sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación amañada de tres obras del Metro de Madrid, y que se repartió a partes iguales con Granados y López Madrid.
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