"AUNQUE NO QUIERAN EL PP Y CIUDADANOS NUEVAS ELECCIONES, VOX PODRÍA ABRIR LAS PUERTAS".
"Las claves de las leyes andaluzas de igualdad y contra la violencia machista, con las que Vox quiere acabar".
.- Vox ha dicho a Ciudadanos y PP que no apoyarán la investidura de
Juanma Moreno si no eliminan de su acuerdo el compromiso de cumplir con
las leyes vigentes de violencia machista en Andalucía por ser "ideología
de género"
.- El Parlamento andaluz votó en julio una reforma, que contó con la única abstención de IU, que incluía la equiparación de víctimas de violencia de género y sexual o que no sea necesaria denuncia para obtener protección
.- El acuerdo de gobierno de PP y Cs hace mención a que haya una "dotación presupuestaria suficiente" también para las leyes de igualdad y a que se abogue por un gran acuerdo en la materia en la comunidad autónoma
.- El Parlamento andaluz votó en julio una reforma, que contó con la única abstención de IU, que incluía la equiparación de víctimas de violencia de género y sexual o que no sea necesaria denuncia para obtener protección
.- El acuerdo de gobierno de PP y Cs hace mención a que haya una "dotación presupuestaria suficiente" también para las leyes de igualdad y a que se abogue por un gran acuerdo en la materia en la comunidad autónoma
.- Vox ha supeditado su apoyo al pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía a
que estos eliminen de su acuerdo de Gobierno, compuesto por noventa
puntos, el que hace referencia al compromiso de cumplir y dotar de la
"dotación presupuestaria suficiente" las leyes estatales y autonómicas
por la igualdad y contra la violencia machista, con el foco en el Pacto
de Estado y en la andaluza.
.- Es decir, Vox está pidiendo como condición
para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta que se
modifique la normativa vigente que pretende proteger a las mujeres y
lograr equidad porque la considera "ideología de género", en línea con lo que ya avanza el programa de la formación de extrema derecha que ha conseguido 12 diputados en la comunidad.
.- El proyecto de reforma de Ley de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género andaluza fue aprobado este verano.
La norma original estaba vigente desde 2007. El Parlamento sacó
adelante la modificación con los votos a favor de todos los grupos,
también PP y Ciudadanos, y la única abstención de IU.
.- El cambio supuso
adecuar la norma a lo exigido por el Convenio de Estambul, suscrito por
España, y recoger varios puntos del Pacto de Estado en esta materia. El
secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reclamado este
miércoles eliminarla para sustituirla por una "de violencia
intrafamiliar".
.- La otra ley a la que hacen alusión, votada en octubre, es la de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Votaron a favor PSOE, PP y Cs y en contra Podemos e IU.
.- Albert Rivera se ha posicionado tuiteando que "luchar contra la
violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una
mujer no es una opción, es una obligación para todo". PP y Cs también
abogaban explícitamente en el documento por un "Gran Acuerdo contra la
Violencia de Género en Andalucía", promover activamente "trabajar para
reducir la brecha salarial" y defender los derechos LGTBI.
.- Andalucía es la región española en la que más víctimas de violencia
machista hubo en 2018, 12 mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas, y estas son algunas de las claves de las leyes que buscan
atajarla.
"No será necesaria denuncia".
.- El proyecto de ley que salió adelante en julio en el Parlamento andaluz
incorpora el derecho a recibir protección sin necesidad de previa
interposición de denuncia, como recoge el Pacto de Estado y como ya se
lleva a cabo en otras comunidades.
.- El objetivo es garantizar el
asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas por profesionales
especializados durante el proceso judicial y la derivación a los
servicios de la Administración. Es decir, lograr que una mujer no tenga
que pasar por poner una denuncia y todo lo que ello supone para acceder a
recursos.
"Los menores y dependientes, también víctimas".
.- La norma andaluza amplía la condición de víctima de agresiones
machistas a los menores y personas dependientes de la mujer que sufre la
violencia. Así, serán víctimas y, por ello, podrán acceder a recursos,
además de las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, "las
hijas e hijos qu1e sufran la violencia a la que está sometida su madre,
las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con
discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la
tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y
que convivan en el entorno violento, y las madres cuyos hijos e hijas
hayan sido asesinados".
"Atención a víctimas de violencia sexual".
.- La ley de violencia de género andaluza sí es una de las pioneras en cuanto a derechos sexuales: la víctimas de violencia sexual, que engloba "cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer", serán consideradas víctimas de violencia de género, independientemente de si su agresor era o no su pareja o expareja. Se las equipara a las que sufren violencia física, psicológica o económica. Eso permite que puedan acceder a asistencia legal, servicios sociales o a recursos y ayudas públicas en materia de de educación, de vivienda o de salud.
"Ampliación del concepto a fuera de la pareja".
.- Además de incluir la violencia sexual, la reforma de verano ampliaba el
concepto de "violencia machista" para poner el foco en otro tipo de
violencia contra las mujeres no solo la que se produce dentro de la
pareja, como hasta ahora contabiliza oficialmente la Ley estatal de 2004
y que muchos colectivos piden modificar.
.- Como novedad, nombraba el "feminicidio", pero también las agresiones y
abusos sexuales, el acoso, la violencia contra los derechos
reproductivos, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la
mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las
violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales, la
violencia derivada de conflictos armados o la ciberviolencia.
"Formación especializada".
.- La reforma de la ley introduce un Plan Integral de sensibilización.
Como el pacto de Estado, prevé formación y especialización en violencia
de género para profesionales públicos de distintos sistemas de la
Administración, "con el objetivo fundamental de garantizar una formación
suficiente y permanente que les permita la prevención, la detección
precoz, la atención, la recuperación de las víctimas y la intervención
con hombres".
.- También fomenta la "formación y especialización de
profesionales en el ámbito laboral, en colaboración con las
organizaciones empresariales y sindicales, para la prevención y la
sensibilización del acoso sexual y el acoso por razón de sexo".
"Modelo educativo".
.- Lo más destacado de la segunda Ley, la de de Promoción de Igualdad
andaluza, se refiere al campo educativo: "Garantiza el desarrollo de
planes obligatorios en todos los centros docentes y detalla todas las
funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de
coeducación".
.- La norma fomenta que en los centros se integre la igualdad
de género "en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes
etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución
histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito
doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la
violencia de género".
"Sanciones".
.- La Ley
aprobada en octubre también contempla sanciones. Permite a la Junta
intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad de
género. Así, podrán llevarse a cabo medidas disciplinares por
infracciones de la ley, "desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y
120.000 euros en función de la gravedad, además de sanciones accesorias
como la prohibición de acceder a ayudas públicas".
.- Este punto fue polémico porque desató críticas de algunos catedráticos, que lanzaron un manifiesto oponiéndose a que se multe hasta con 60.000 euros los actos en los que se justifique la prostitución. Lo consideraban "una flagrante vulneración" de derechos fundamentales.
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