"EL DEFENSOR DEL PUEBLO, LE SUGIERE AL AYUNTAMIENTO DE MADRID, QUE ADOPTE CON CARÁCTER EXCEPCIONAL Y PROVICIONAL, MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO Y VELOCIDAD DE VEHÍCULOS A MOTOR".
"Defensor del Pueblo, aconseja restringir el tráfico de coches en Madrid, y su velocidad ante episodios de alta polución".
"Foto: EUROPA PRESS".
"EUROPA PRESS.17.03.2013."El Defensor del Pueblo ha sugerido que el
Ayuntamiento de Madrid adopte, con carácter excepcional y provisional,
durante episodios de alta contaminación atmosférica medidas de
restricción del tráfico, velocidad y aparcamiento privado de vehículos a
motor, señala la institución, en su informe Anual de 2012 publicado hace
unas semanas".
"Concretamente, se refiere a los casos de fuerte concentración de dióxido de nitrógeno "NO2", que se dan en la ciudad bajo ciertas condiciones meteorológicas, y pide se adopten las medidas restrictivas prevista para su nivel de alerta, cuando se prevea que se alcance el nivel de preaviso de NO2".
"Por otra parte, la Institución pide al Consistorio que las estaciones de medición de la polución deben estar emplazadas, "de modo que se pueda disponer de un diagnóstico correcto de la calidad del aire, por tanto ha de haber necesariamente estaciones en las zonas más contaminadas, para así conocer la contaminación del aire, que en las peores condiciones padece la ciudad de Madrid y sus habitantes". Por tanto, recomienda al Ayuntamiento que supervise continuamente la distribución de estaciones".
"INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2".
"Además, el departamento que dirige Soledad Becerril, ha indicado que ha sido abierta una investigación de oficio ante la Oficina Española de Cambio Climático "Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", sobre el Plan nacional de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono "CO2", para comprobar cómo el comercio de derechos de emisión, es efectivamente un instrumento de mercado que incentiva el beneficio ambiental, consistente en que un conjunto de plantas industriales reduzca colectivamente las emisiones de gases contaminantes, a la atmósfera".
"La defensora del Pueblo quiere conocer, si existe, la información sobre la última presentación y debate en las mesas de diálogo social, y sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la elaboración, y seguimiento del Plan nacional y los efectos en la competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social".
"En todo caso, ha solicitado también el parecer del Ministerio, acerca de las siguientes cuestiones concretas: si el mercado implantado está consiguiendo primar a las empresas que logran reducir sus emisiones, y que, por tanto, logran un excedente de CO2 que genera un derecho por cuya venta obtienen fondos que invierten, en proyectos de energía alternativa; si progresivamente hay entonces menos derechos asignados, un alza del precio de la tonelada de CO2 y un incentivo a reducir el consumo de energía convencional; si el resultado alcanzado hasta ahora está siendo el buscado de reducir los perjuicios a la atmósfera, y aumentar el beneficio para la mayoría, si habría bajado la emisión de CO2, pero a causa de la caída de la actividad económica, y qué cambios ha habido en el precio de la tonelada".
"Esta Institución es consciente de la índole supranacional e internacional de estas cuestiones, es decir, que la información y parecer solicitados, no pueden quedar enmarcados exclusivamente en España. Eventualmente se trataría de esos otros ámbitos en colaboración con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo".
"Además, el departamento que dirige Soledad Becerril, ha indicado que ha sido abierta una investigación de oficio ante la Oficina Española de Cambio Climático "Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", sobre el Plan nacional de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono "CO2", para comprobar cómo el comercio de derechos de emisión, es efectivamente un instrumento de mercado que incentiva el beneficio ambiental, consistente en que un conjunto de plantas industriales reduzca colectivamente las emisiones de gases contaminantes, a la atmósfera".
"La defensora del Pueblo quiere conocer, si existe, la información sobre la última presentación y debate en las mesas de diálogo social, y sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la elaboración, y seguimiento del Plan nacional y los efectos en la competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social".
"En todo caso, ha solicitado también el parecer del Ministerio, acerca de las siguientes cuestiones concretas: si el mercado implantado está consiguiendo primar a las empresas que logran reducir sus emisiones, y que, por tanto, logran un excedente de CO2 que genera un derecho por cuya venta obtienen fondos que invierten, en proyectos de energía alternativa; si progresivamente hay entonces menos derechos asignados, un alza del precio de la tonelada de CO2 y un incentivo a reducir el consumo de energía convencional; si el resultado alcanzado hasta ahora está siendo el buscado de reducir los perjuicios a la atmósfera, y aumentar el beneficio para la mayoría, si habría bajado la emisión de CO2, pero a causa de la caída de la actividad económica, y qué cambios ha habido en el precio de la tonelada".
"Esta Institución es consciente de la índole supranacional e internacional de estas cuestiones, es decir, que la información y parecer solicitados, no pueden quedar enmarcados exclusivamente en España. Eventualmente se trataría de esos otros ámbitos en colaboración con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo".
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